Tras semanas de desencuentros con el Ejecutivo, finalmente la Corte Constitucional allanó el camino hacia la consulta de cuyo resultado dependerá la instalación de una nueva Asamblea Constituyente.
Lo hizo luego de que el Consejo Nacional Electoral le pidió el pronunciamiento previo, paso obligatorio que el gobierno pretendió pasarse por encima, pero que finalmente aceptó a regañadientes.
Con ello, el domingo 16 de noviembre cerca de 14 millones de ecuatorianos iremos a las urnas para pronunciarnos sobre si queremos la redacción de una nueva Constitución mediante el inicio de otro proceso constituyente.
No obstante, bien vale la pena reflexionar sobre las razones por las cuales el presidente Daniel Noboa finalmente optó por ese camino, del cual ya habló en la campaña que lo llevó a la reelección, pero que lo dejó de lado luego de que en mayo consolidó una mayoría política que le permitió el control de la Asamblea Nacional.
El mandatario anunció su interés de ir a la Constituyente mediante una carta pública en la que se dirigió a los “valientes ecuatorianos”, en cuyo texto cuestionó, sin mencionarla, a la Corte Constitucional y habló de “una Constituyente que devuelva el poder al pueblo y que saque al país del secuestro institucional”.
Ni Noboa ni sus voceros, más allá de los lugares comunes, han explicado por qué buscan la Constituyente, qué cambios quieren incorporar y, de ser el caso, qué aspectos mantener de la Constitución que nació en Montecristi hace 17 años; en otras palabras: al momento de redactar esta opinión, no encuentro la hoja de ruta necesaria para interpretar hacia dónde el “Noboísmo” quiere llevar el país.
De la carta pública referida, la única certeza que se me ocurre cuando el presidente habla de “secuestro institucional” es que el propósito central es hacerse del control de la Corte Constitucional, la única institución que claramente no controla el oficialismo de turno (ya pasó con Moreno, Lasso y con el propio Noboa).
Aparte de ello, apenas la mención del asambleísta Andrés Castillo (ADN) de que hay que regresar a las tres funciones del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).
Por el contrario, nadie explica qué artículos de la actual Constitución que supuestamente son “pro-delincuentes” deben ser eliminados; tampoco qué modelo de desarrollo económico y productivo se pretende impulsar, qué derechos se van a mantener o reformular, o el futuro de los sectores estratégicos.
Y, aún más, ¿cómo hacer para que el país en su conjunto se involucre en un nuevo proceso Constituyente?
Digo esto, porque al día de hoy, a diferencia de 1997 y 2007, no se respira en el ambiente ningún aire Constituyente ni tampoco se advierte que la sociedad civil organizada tenga interés en involucrarse en el proceso que se avecina, siempre y cuando Noboa gane la consulta popular.
Adicionalmente, de entrada, el estatuto para elegir asambleístas constituyentes no garantiza de modo alguno la representatividad (13 de las 24 provincias tendrán un solo asambleísta), junto a la gran duda sobre la capacidad de los partidos y movimientos políticos a afrontar dicho proceso luego de su indecorosa participación en las elecciones presidenciales y legislativas de febrero pasado.
En un mes, volveremos a reflexionar, ojalá con más certezas.