POR: Pablo Morales Andrade
Ese contraste resume el dilema de países como Ecuador: se nos exige actuar de inmediato y proteger el clima, pero se nos niegan las herramientas para financiar el desarrollo que nuestras sociedades reclaman. Entre la infancia visionaria y la adultez sin futuro, debemos encontrar otra forma de estar en el mundo.
Reducir todo a la influencia fósil es una coartada cómoda. En Dubái, en pleno corazón petrolero, se logró un lenguaje más ambicioso que en Belém. El problema no es solo quién financia los cocteles, sino la colisión de tres presiones: gobiernos que necesitan crecer, ciudades que ya sienten la crisis y corporaciones que defienden modelos de negocio centenarios. En esa tensión, países como el nuestro corren el riesgo de ser extras en una película ajena.
Pero Ecuador no es secundario. Somos el país más megadiverso del planeta por metro cuadrado: Andes, Amazonía, Pacífico y Galápagos en un territorio pequeño. Esa condición es más que orgullo: es un activo económico de primer orden.
Proteger manglares, páramos y bosques húmedos no solo es “hacer lo correcto”: es acumular credenciales para negociar financiamiento, atraer inversión y liderar soluciones basadas en la naturaleza. Nuestra tragedia es no haber encendido aún ese motor.
El otro motor, el fósil, nos cuesta nombrarlo. Nos trajo hasta aquí, pero no nos llevará mucho más lejos. La pregunta no es si Ecuador dejará los combustibles fósiles, sino cómo hacerlo en treinta años sin condenar a la pobreza a millones.
Los países desarrollados deben contraerse rápido en sus emisiones; nosotros, garantizar condiciones mínimas de dignidad. Eso supone usar con inteligencia los recursos actuales: con el gas del Golfo, por ejemplo, se puede pensar en una transición justa.
Esa transición requiere un pacto transparente, con plazos y prioridades.
Primero, seguridad: sin energía confiable no hay futuro. La interconexión eléctrica de 500 kV con Perú puede ser más que una obra técnica: la columna vertebral de un corredor andino de energías limpias que reduzca el uso de diésel caro y contaminante.
Segundo, eficiencia: energía a precios justos que permitan a la industria competir. Tercero, sostenibilidad: cada decisión debe pasar el filtro de quienes vendrán después.
Pragmatismo no significa renunciar a la ambición climática. Significa llegar a los foros ambientales con hechos: áreas protegidas, restauración de ecosistemas, planes de adaptación; y a los foros económicos con una agenda clara para fortalecer el PIB desde actividades coherentes con esa protección.
Para ello, no basta el lenguaje de las buenas intenciones. Hay que dominar los instrumentos ya existentes: fondos del GEF y del Fondo Verde, canjes de deuda por conservación, mercados de carbono bajo el Artículo 6 del Acuerdo de París, esquemas de blended finance, garantías de la banca de desarrollo. Ecuador, que alguna vez fue referencia en propuestas innovadoras, puede volver a estar en primera línea si forma equipos, prepara proyectos bancables y negocia condiciones favorables.
Cada vez es más claro que la transición energética no es solo técnica, sino un nuevo contrato social: decidir quién paga, quién gana, quién asume riesgos y cómo se reparte el valor. Si dejamos esas preguntas en manos de gobiernos o empresas, la transición será injusta. Si incorporamos comunidades, universidades y sociedad civil, tendrá raíces más profundas que cualquier decreto.
Si asumimos en serio la seguridad, la eficiencia y la sostenibilidad como brújulas de política pública; si usamos el gas como puente y no como excusa; si aprovechamos cada fondo global y cada alianza, Ecuador podrá convertir su megadiversidad en prosperidad compartida.
No será fácil, pero las grandes transformaciones rara vez lo son. En un mundo cansado de discursos vacíos, un país pequeño que se toma en serio su futuro puede ser la esperanza combativa que todos necesitamos.